La denuncia de Arancibia que involucra al primo del ex gobernador Sergio Uñac

El Acueducto Gran Tulum vuelve a quedar en el centro de la escena política y judicial. Este lunes, Marcelo Arancibia radicó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en la que exige una investigación profunda sobre el manejo del millonario financiamiento internacional destinado a esta obra de agua potable, que aún no está terminada pese a los pagos ya ejecutados.

En el inicio del escrito, el abogado remarcó que el 10 de diciembre se cumplen dos años desde que dejó el cargo gran parte de los funcionarios investigados, plazo clave del Código Penal para poder imputar enriquecimiento ilícito. A su vez, tomó como base los dichos recientes del ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, quien afirmó que “la obra no estaría, pero los pagos sí” respecto del crédito de 100 millones de dólares otorgado por el Estado de Kuwait.

“Un perjuicio económico de semejante magnitud no pudo ser obra de una sola persona”, sostuvo Arancibia, y reclamó que se investigue si hubo crecimiento patrimonial injustificado antes de que pueda prescribir la acción penal.

Empresas beneficiadas y vínculos familiares

El denunciante señala que notas periodísticas de Tribuna de San Juan revelaron que la firma proveedora de los caños, Krah América Latina S.A., estaría vinculada al empresario Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac. Si el parentesco implicó beneficios indebidos en la adjudicación, podría configurarse el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

También se mencionan testimonios de empresas competidoras que habrían advertido requisitos restrictivos en los pliegos, criterios técnicos cuestionados y una competencia cerrada, lo que podría dar lugar a acusaciones por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario y fraude al Estado.

Materiales más caros y advertencias desoídas

Otro eje de la presentación apunta al tipo de cañerías utilizadas. Según Arancibia, existieron informes que alertaban sobre costos superiores al mercado, certificaciones insuficientes y deficiencias estructurales. Si dichas advertencias fueron ignoradas, podría tratarse de una “grave violación de deberes funcionales”.

El abogado agrega que habría diferencias notorias entre el precio adjudicado y el ofrecido por otras compañías, lo que amerita revisar las certificaciones de obra, el pago de anticipos y eventuales beneficios irregulares a particulares.

En ese sentido, el propio ministro Gutiérrez confirmó que la provincia ya comenzó a pagar el crédito internacional aunque la obra está inconclusa, lo que para el denunciante refuerza la hipótesis de administración fraudulenta.

Las figuras penales que se pretenden aplicar

Arancibia propone investigar una batería de delitos incluidos en el Título XI del Código Penal, entre ellos:

• Negociaciones incompatibles

• Malversación de caudales públicos

• Abuso de autoridad

• Defraudación al Estado

• Aprobación de materiales deficientes

• Dádivas

• Asociación ilícita administrativa

Según el abogado, hay jurisprudencia que avala la responsabilidad penal cuando se direccionan contratos, se pagan sobreprecios o se incumplen controles técnicos.

Qué pide que haga la Justicia

En el petitorio, Arancibia solicita que la Fiscalía:

• Requiera al Ejecutivo toda la documentación del proceso licitatorio

• Pida informes al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura

• Tome declaración a los funcionarios y empresarios señalados

• Ordene pericias técnicas, económicas y contables

• Invite al Fiscal de Estado a intervenir para resguardar el patrimonio público