Impulsan un plan de videovigilancia para dependencias policiales del interior provincial
El Gobierno sanjuanino proyecta equipar con sistemas de monitoreo a comisarías alejadas de la Capital. La iniciativa surge en medio de la investigación por la muerte de un detenido y busca fortalecer los mecanismos de control y transparencia.
La instalación de cámaras de seguridad en distintas dependencias policiales del interior de San Juan se convirtió en una de las prioridades de la Secretaría de Seguridad, que ya trabaja en la obtención de fondos para concretar el proyecto en los próximos meses.
La decisión fue confirmada por las autoridades provinciales luego de que quedaran en evidencia las limitaciones existentes en algunas comisarías alejadas del Gran San Juan, donde aún no se dispone de sistemas de registro audiovisual permanentes.
La iniciativa apunta especialmente a reforzar la infraestructura tecnológica en los departamentos más distantes, con el propósito de contar con herramientas que permitan documentar de manera precisa lo que ocurre dentro de las instalaciones policiales y brindar mayores garantías tanto a los ciudadanos como al personal de la fuerza.
Desde el área de Seguridad señalaron que el objetivo es avanzar de forma gradual hasta alcanzar una cobertura más amplia, reduciendo las diferencias que existen actualmente entre las dependencias urbanas y aquellas ubicadas en zonas rurales o alejadas de los principales centros poblados.
La medida tomó impulso luego de la muerte de Daniel Alberto Paredes, ocurrida en abril pasado en una sede policial de Valle Fértil. La ausencia de registros fílmicos en el lugar donde se produjo el hecho se transformó en una de las principales dificultades para los investigadores al momento de reconstruir los acontecimientos previos al fallecimiento.
En el Gobierno consideran que la incorporación de sistemas de videovigilancia permitirá disponer de pruebas objetivas ante situaciones complejas y facilitará el trabajo de la Justicia cuando sea necesario esclarecer episodios ocurridos bajo custodia estatal.
Paralelamente, continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que murió Paredes. El expediente judicial sigue su curso mientras también se desarrolla una actuación administrativa interna destinada a analizar si existió algún tipo de incumplimiento por parte del personal policial que se encontraba de servicio.
Por el momento, las autoridades sostienen que no existen elementos suficientes para adoptar medidas disciplinarias preventivas contra los efectivos involucrados, aunque remarcaron que cualquier novedad relevante en la causa podría modificar ese escenario.
Mientras tanto, los familiares del hombre fallecido mantienen su reclamo para que se profundicen las averiguaciones y se determinen eventuales responsabilidades. La querella insiste en que deben revisarse las condiciones de custodia y diversos aspectos del procedimiento posterior al hecho.
En ese contexto, la futura incorporación de cámaras en las comisarías del interior aparece como una de las principales respuestas institucionales para fortalecer los controles, aportar mayor transparencia a la actividad policial y evitar que la falta de registros vuelva a convertirse en un obstáculo para esclarecer hechos sensibles.
Zonda
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