El nuevo cambio en el RIGI aumenta la presión sobre los empresarios locales
La ampliación de la categoría de proveedor local permitirá que empresas radicadas en el país, aunque tengan capital extranjero, compitan por los contratos de los proyectos. Para las pymes argentinas, esto podría sumar rivales con mayor escala y financiamiento dentro del porcentaje de compras locales.
El Gobierno nacional introdujo cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A través del Decreto 1366/2026, publicado el 16 de noviembre en el Boletín Oficial, modificó las condiciones para definir a los proveedores locales y estableció nuevas pautas para las inversiones, las reorganizaciones empresariales y el financiamiento de los proyectos adheridos.
Uno de los cambios centrales alcanza a las empresas que pueden ser consideradas proveedoras locales. Desde ahora, las personas jurídicas deberán estar constituidas y domiciliadas en el país y prestar servicios o proveer bienes a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al régimen. La norma establece que la nacionalidad de sus accionistas y la composición de su capital no serán, por sí solas, un impedimento para obtener esa condición. El decreto en el Boletín Oficial
Para que un bien sea reconocido como de origen nacional, deberá ajustarse a los criterios del Anexo I al Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del Mercosur y sus protocolos adicionales. La autoridad de aplicación deberá precisar cómo se aplicarán esos criterios.
El cambio amplía el universo de empresas que podrían participar como proveedoras locales de proyectos RIGI, incluidas firmas de capital extranjero radicadas en Argentina. La modificación reavivó el debate sobre el impacto del régimen en la industria nacional y en las pequeñas y medianas empresas. El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, cuestionó la medida y la calificó como “un duro golpe a la industria argentina, especialmente a las Pymes”.
Nuevas reglas para reorganizaciones y transferencias
El decreto también precisó qué ocurre cuando un VPU adherido atraviesa adquisiciones, fusiones o cambios en su composición. Entre otros puntos, establece que la compra de acciones o participaciones de un proyecto ya presentado no modifica por sí misma los derechos del VPU, pero tampoco permite computar esa adquisición como inversión en activos para alcanzar el monto mínimo exigido por el régimen.
Para los VPU constituidos como uniones transitorias u otros contratos asociativos, se habilita la cesión total o parcial de participaciones y la incorporación de nuevos miembros, bajo determinadas condiciones. Las operaciones deberán informarse a la autoridad de aplicación y el nuevo integrante tendrá que asumir los compromisos y garantías pendientes que correspondan.
Además, las sucursales dedicadas adheridas al RIGI podrán transferir los activos, pasivos, derechos y obligaciones vinculados al proyecto a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal creada para ese fin, previa autorización oficial. Según la norma, esa reorganización no implicará una nueva adhesión ni modificará la fecha original de ingreso al régimen.
Aportes externos y acceso a divisas
Otra modificación se refiere al cómputo de divisas utilizadas para financiar los proyectos. El decreto contempla aportes y endeudamientos financieros externos ingresados y liquidados en el mercado de cambios por sociedades vinculadas al VPU, siempre que los fondos se destinen efectivamente al proyecto y su aplicación pueda acreditarse mediante registros contables y mecanismos de trazabilidad.
La norma también precisó la fecha límite para que los proyectos alcancen el monto mínimo de inversión en activos computables. Esa fecha deberá ser compatible con las prácticas del sector correspondiente, mientras que los compromisos específicos de inversión previstos para las distintas etapas se mantienen sujetos a sus propias condiciones.
Con estos cambios, el Gobierno busca ampliar la participación de empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro del RIGI y aclarar el tratamiento de distintas operaciones empresariales y financieras. El alcance de la nueva definición de proveedor local y sus efectos sobre la industria nacional serán parte del debate a medida que se aplique en los proyectos.
Qué riesgos abre para los empresarios locales
La nueva definición puede intensificar la competencia por los contratos de los grandes proyectos. Una empresa constituida y domiciliada en Argentina podrá ser considerada proveedora local aunque su capital sea extranjero. Para las pymes argentinas, esto podría significar competir en las mismas licitaciones con filiales de grupos internacionales que quizá tengan mayor escala, acceso a financiamiento, tecnología o redes de proveedores. Es un riesgo posible, aunque el decreto por sí solo no permite afirmar cómo se distribuirán los contratos.
La discusión es relevante porque la ley exige que el plan de desarrollo de proveedores de cada proyecto contemple contrataciones locales por al menos el 20% del monto destinado a proveedores, siempre que exista oferta local disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Al ampliar quién puede ser considerado proveedor local, también se amplía el conjunto de empresas que podrían computar para ese porcentaje. Así, una pyme de capital nacional podría encontrar más competidores dentro del mismo cupo. Ley 27.742, artículo 176
Otro posible inconveniente es que radicación en el país y propiedad nacional dejan de coincidir para definir a una empresa como proveedora local. Una firma extranjera radicada en Argentina podría acceder a esa categoría, mientras que las empresas nacionales competirían sin contar con una preferencia por el origen de su capital. Para los empresarios locales, esto puede reducir el valor diferencial de ser una compañía de capital argentino y aumentar la presión para ofrecer precios, calidad y plazos competitivos.
También puede haber una asimetría de capacidades. Las pequeñas y medianas empresas suelen enfrentar mayores obstáculos para financiar inversiones, ampliar su producción, certificar procesos o sostener entregas a gran escala. Si no logran responder a los requisitos comerciales de los proyectos, podrían quedar fuera de las contrataciones, incluso si sus bienes o servicios se producen en el país. El resultado dependerá de las características de cada licitación y de la disponibilidad efectiva de proveedores.
El decreto conserva, sin embargo, un límite para los bienes: deben cumplir los criterios de origen nacional previstos en el acuerdo del Mercosur. Además, la obligación de contratación local está condicionada a que la oferta esté disponible y sea competitiva en precio y calidad. Esas condiciones pueden proteger la viabilidad de los proyectos, pero también hacen que la capacidad productiva y los costos de las pymes sean decisivos para acceder a los contratos. Decreto 1366/2026 · Ley 27.742
En ese escenario, el desafío para las empresas locales será poder competir en escala, financiamiento, tecnología y plazos, además de cumplir con los estándares requeridos. Para evaluar el impacto real del cambio habrá que observar qué firmas obtienen los contratos y cuánto de las compras de los proyectos llega a pymes de capital nacional.
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