La Justicia desestimó la causa por la mortandad de peces en el Dique Cuesta del Viento

A casi cuatro meses del impactante hallazgo de miles de peces muertos en las costas del Dique Cuesta del Viento, un hecho que sacudió a la comunidad sanjuanina el 3 de noviembre de 2025, la Justicia llegó a una conclusión determinante. Este miércoles 25 de febrero de 2026, desde la UFI Norte confirmaron que la causa investigativa, iniciada originalmente de oficio por el Ministerio Público Fiscal, fue desestimada debido a que no se logró constatar la existencia de un delito.

La resolución judicial marca un punto final a la incertidumbre legal que rodeaba el caso, que estuvo bajo la órbita del fiscal Sohar Aballay. Según informaron fuentes calificadas de la UFI Norte, la decisión se fundamentó en que los informes técnicos emitidos por los organismos intervinientes no arrojaron resultados que pudieran encuadrarse en una figura penal. Las autoridades realizaron una distinción técnica clave: la causa no fue archivada por falta de impulso procesal, sino desestimada bajo la premisa de que “no hay delito”.

Desde la fiscalía aclararon que nunca existió una denuncia formal de particulares, sino que fue el propio Ministerio Público quien inició las actuaciones de oficio para determinar si detrás de la aparición masiva de ejemplares muertos había algún ilícito ambiental. Para arribar a esta conclusión se analizó un conjunto de elementos probatorios y respuestas remitidas por distintos organismos técnicos, entre ellos la Universidad Nacional de Cuyo, el Cipcami, la Secretaría de Estado de Ambiente y la Dirección de Hidráulica.

En un primer momento, la hipótesis oficial apuntó a una muerte por hipoxia, es decir, falta de oxígeno en el agua. Sin embargo, el caso estuvo rodeado de controversia luego de que análisis realizados por la Universidad Nacional de Cuyo detectaran la presencia de cloro total en puntos sensibles de la cuenca, como el río La Palca y el sector del Puente Buena Esperanza, sustancias que no deberían registrarse en un río cordillerano. Pese a ello, para la Justicia estos hallazgos no fueron suficientes para configurar un delito penal ambiental directamente vinculado con la mortandad registrada en el dique.

La resolución de la UFI Norte se produce en un contexto de alta sensibilidad social en los departamentos de Iglesia y Jáchal, donde el embalse constituye un recurso estratégico tanto para el consumo como para actividades productivas y turísticas. La demora en los resultados definitivos y la escasa información oficial durante el proceso habían generado preocupación en la comunidad por posibles efectos a largo plazo en la salud y el ambiente.

Si bien la instancia penal quedó cerrada, desde la fiscalía recordaron que los controles periódicos en el marco de la ordenanza de “Agua Segura” se desarrollan por una vía administrativa independiente de la investigación judicial. Con esta desestimación, la causa queda sin responsables ante la ley, cerrando uno de los episodios ambientales más resonantes de los últimos tiempos en la provincia.