El pasado 24 de septiembre, en la Sede Académica del Poder Judicial, se llevó a cabo el acto de entrega de certificaciones a 35 agentes judiciales que finalizaron el Curso Básico de Lengua de Señas Argentina.
La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta de la Corte de Justicia y referente de la Escuela Judicial, Dra. Adriana García Nieto, acompañada por la Dra. Marcela Torres (Ministerio Público Fiscal), la Dra. Ana Lía Larrea (Colegio de Magistrados y Funcionarios) y Leonardo Pérez, presidente de la Asociación Sanjuanina de Sordos, junto a integrantes de la Comisión Directiva.
El curso, organizado en conjunto entre la Corte de Justicia y el Colegio de Magistrados y Funcionarios, estuvo destinado a agentes de diferentes dependencias judiciales, priorizando aquellas con contacto directo con el público, como juzgados de Paz, fueros Laborales y de Familia, defensorías, UFI Cavig, Oficinas Judiciales, mesas de entradas y el Centro Judicial de Mediación.
Durante su discurso, la Dra. García Nieto destacó:
“Nos han demostrado que la función del Poder Judicial es ser accesibles de verdad y no solo en teoría. Han puesto en foco que este curso de Lengua de Señas es necesario para poder abrir las puertas del Poder Judicial en serio”.
Al finalizar, sorprendió a los presentes con un mensaje en Lengua de Señas:
“Muchas gracias a todos por acompañarnos en la lucha por una justicia que integre a todas las personas sordas”.
La capacitación fue dictada por la Asociación Sanjuanina de Personas Sordas, a cargo de la profesora instructora Romina Torassa —persona sorda—, junto con las intérpretes Alicia Ortiz y Valeria Corti. La coordinación estuvo a cargo de Marcela Carranza, en articulación con el Programa de Promoción e Inclusión de Personas con Discapacidad y la Escuela Judicial.
El curso, desarrollado en 16 clases presenciales, incluyó contenidos básicos de Lengua de Señas Argentina, un módulo de terminología judicial, trabajos prácticos y evaluación final.
Con esta iniciativa, el Poder Judicial reafirma su compromiso de incorporar la perspectiva de discapacidad como un eje transversal de gestión, consolidando un servicio inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.
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