Los industriales de San Juan están impulsando una normativa provincial que priorice a los proveedores locales en la contratación de bienes y servicios por parte de las empresas mineras, complementando lo que establece el Régimen de Inversiones para Grandes Inversiones (RIGI). Este reclamo ya está en discusión con el gobierno provincial y también ha sido presentado a nivel nacional.
El presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios, expresó esta demanda durante un ciclo de conferencias en Jujuy, donde encabezó el panel titulado “El impacto del RIGI y el rol que deben asumir las provincias”. En su intervención, Palacios destacó las oportunidades que el régimen RIGI ofrece para atraer inversiones y promover el desarrollo industrial en San Juan, pero subrayó la necesidad de establecer condiciones adecuadas que aseguren una distribución equitativa de los beneficios.
Palacios aprovechó el foro para pedir a las autoridades nacionales y provinciales que protejan los intereses de la industria local, asegurando que los beneficios del RIGI también lleguen a los proveedores sanjuaninos. Las conversaciones sobre este tema ya están en marcha entre la Unión Industrial de San Juan, la Cámara de la Construcción, el gobernador Marcelo Orrego, y el ministro de Producción Gustavo Fernández. El objetivo es desarrollar un proyecto de ley que incluya un cupo obligatorio para proveedores locales en la contratación de servicios y productos por parte de las compañías mineras.
Aunque durante la adhesión de la provincia al RIGI, las cámaras industriales apoyaron el régimen, desde hace un tiempo exigen que se implemente una legislación provincial que obligue a las empresas mineras a contratar un alto porcentaje de bienes y servicios locales, como una medida para proteger y fomentar el crecimiento de la industria en San Juan.
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