En las últimas horas, trascendió desde Casa Rosada que el Gobierno nacional trabaja contrarreloj en un decreto reglamentario que podría reactivar el debate por la Ley de Glaciares, una norma sensible que desde 2010 ha marcado el pulso de la relación entre el desarrollo minero, la política ambiental y la gobernabilidad de las provincias cordilleranas.
Según fuentes oficiales y del sector, el objetivo es modificar el alcance o la interpretación de los artículos clave de la ley antes de que venzan los poderes delegados que el Congreso le concedió al presidente Javier Milei. Y con ello, destrabar —al menos parcialmente— un obstáculo que mantiene en suspenso alrededor de 40 proyectos mineros en distintas etapas de avance.
¿Qué dice la Ley de Glaciares?
La Ley 26.639, sancionada en 2010, protege a los glaciares y al ambiente periglacial, declarados reservas estratégicas de recursos hídricos. Prohíbe cualquier actividad que pueda afectar su estado natural, incluyendo la exploración o explotación minera.
El punto más debatido es el artículo 2°, que extiende esa protección al «ambiente periglacial», una categoría menos precisa que ha generado múltiples controversias técnicas y judiciales: ¿cuándo un suelo congelado es periglacial? ¿Y quién lo define?
⚖️ ¿Qué cambiaría un decreto?
Aunque no puede modificar la ley, un decreto podría reinterpretar su alcance o regular con mayor precisión los criterios técnicos para definir qué zonas están protegidas. Por ejemplo, se podría:
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Acotar el concepto de “ambiente periglacial” a zonas de hielo permanente o con determinada dinámica hídrica.
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Establecer nuevos protocolos de medición y evaluación de impacto a través de organismos técnicos.
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Limitar la aplicación de la ley a ciertas áreas ya inventariadas, excluyendo otras por criterios científicos o productivos.
De prosperar, la medida podría liberar el desarrollo de varios proyectos mineros, especialmente en San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, provincias con alto potencial geológico y necesidades urgentes de inversión.
¿Qué reacción puede esperarse?
La decisión podría generar una nueva ola de resistencia ambientalista, tanto en ONG como en comunidades locales y sectores académicos. Incluso se anticipan presentaciones judiciales, pedidos de inconstitucionalidad y recursos de amparo. Ya ocurrió antes: en los últimos 15 años, los glaciares fueron protagonistas de más de 50 litigios en el país.
La posible modificación también tensa la relación entre Nación y provincias, que reclaman mayor autonomía sobre sus recursos, pero también enfrentan el costo político de avanzar sobre áreas ambientalmente sensibles.
¿Por qué ahora?
La movida ocurre en un contexto clave: el Gobierno acaba de aprobar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y busca asegurar un marco jurídico y ambiental «viable» para atraer capitales externos. Con un portafolio minero estimado en más de 33.000 millones de dólares, varios de los proyectos están ubicados en zonas que podrían verse afectadas por una lectura estricta de la ley actual.
Además, este año fue declarado Año Internacional de Conservación de Glaciares, lo que vuelve a poner a la Argentina bajo la lupa internacional.
¿Qué puede pasar?
Si el decreto sale, se abrirá una etapa de tensión política y judicial, pero también de posible avance en proyectos que llevan años congelados. El Gobierno apuesta a que el costo inicial del conflicto valdrá frente a la potencial llegada de inversiones, empleo y divisas.
Mientras tanto, los sectores ambientalistas ya preparan sus argumentos y estrategias, y en el Congreso nadie quiere levantar la mano: pocos temas tienen tanta carga simbólica, técnica y electoral como el de los glaciares. Y en medio del retroceso climático global, cada decisión se mide con lupa.
️ Proyectos mineros en San Juan afectados por la Ley de Glaciares
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Josemaría
Ubicado en el noroeste de la provincia, este proyecto de cobre y oro ha enfrentado restricciones debido a su proximidad a áreas protegidas. A pesar de ello, ha avanzado en etapas de exploración y permisos ambientales. -
Filo del Sol
Situado cerca del glaciar El Potro, este proyecto de cobre y oro ha estado en exploración avanzada. Su proximidad a un glaciar activo ha generado preocupaciones ambientales y legales. -
Los Azules
Este proyecto de cobre en el departamento Calingasta ha sido objeto de controversia debido a la presencia de glaciares de escombros en la zona. Aunque la empresa ha realizado estudios para evaluar el impacto, no se han publicado resultados concluyentes. -
El Pachón
Ubicado en la frontera con Chile, este proyecto binacional de cobre ha mostrado evidencias de intervención en glaciares de escombros activos. Su desarrollo ha sido complicado por las restricciones impuestas por la Ley de Glaciares.
danielbosque
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