Gobernadores incluido Orrego entre la presión por la obra pública y la adhesión al blanqueo impulsado por Caputo

La mañana de ayer arrancó con una postal de unidad provincial: varios gobernadores se reunieron en el Centro Federal de Inversiones (CFI) para coordinar una estrategia común frente a la virtual parálisis de la obra pública nacional. Pero, casi sin pausa, muchos de ellos cruzaron hacia la Casa Rosada para firmar su adhesión al régimen de exteriorización de capitales que el ministro Luis “Toto” Caputo presentó como uno de los pilares de su gestión.

El contraste no pasó inadvertido. En las provincias aseguran que las quejas por los recortes de infraestructura y la firma del convenio de blanqueo transcurren por «carriles paralelos». En Balcarce 50, sin embargo, ven en esa dicotomía un activo político: “Ellos se van a ver beneficiados con esta medida. Les representa cero costo y la posibilidad de cobrar impuestos provinciales”, sostuvieron fuentes del Gobierno.

Hasta ahora, catorce distritos firmaron el convenio que, entre otros puntos, compromete a las provincias a no crear nuevos regímenes de información patrimonial a cambio de participar en los beneficios de la repatriación de dinero no declarado. A cambio, podrían ver dinamizadas las operaciones inmobiliarias y automotrices, y con ello la recaudación propia.

En la mañana de ayer se vio desfilar hacia el Salón de los Escudos de la Secretaría del Interior —ahora bajo la órbita del jefe de Gabinete Guillermo Francos— a los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), muchos de ellos recién salidos de la reunión en el CFI. Gustavo Valdés (Corrientes) firmará en las próximas horas.

Otros, como Hugo Passalacqua (Misiones), adhirieron a distancia. Aunque se encontraba en Buenos Aires, envió a su ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, a rubricar el convenio. Desde el Gobierno no se sorprendieron: “Con Rovira hubo ruidos por el caso Ficha Limpia”, recordaron en referencia a las denuncias del PRO contra Milei por un supuesto pacto con el oficialismo misionero.

Las adhesiones de las provincias de Catamarca y Tucumán, con gobernadores peronistas dialoguistas, fueron las primeras. Luego siguieron los mandatarios del PRO, Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Ahora, la intención del oficialismo es completar el cuadro con las 24 jurisdicciones.

Sin embargo, el escenario no está libre de obstáculos. En el Gobierno reconocen que el diálogo con Formosa y La Pampa “está difícil”. Gildo Insfrán y Sergio Ziliotto, ambos alineados con el kirchnerismo, mantienen una postura crítica y se oponen al régimen libertario en todos los frentes.

La Provincia de Buenos Aires, por su parte, representa un caso especial. Aunque Axel Kicillof criticó públicamente la medida, su titular de ARBA, Cristian Girard, se expresó favorable al régimen en declaraciones recientes. En la Casa Rosada creen que PBA terminará adhiriendo, aunque con perfil bajo y sin fotos.

A diferencia de ocasiones anteriores, Caputo decidió estar presente en la jornada de firmas. Lo acompañaron Francos y Juan Pazo, titular de ARCA (ex AFIP), en una muestra de respaldo al esquema que busca canalizar capitales no declarados hacia la economía formal.

En paralelo, los gobernadores insistieron en la necesidad de un nuevo pacto fiscal. Con la obra pública detenida y una fuerte caída en la coparticipación, las provincias están al límite. Para el Gobierno, sin embargo, el nuevo régimen no solo ayuda a aliviar las finanzas locales, sino que también representa una victoria política en medio del ajuste.