A pocas horas del vencimiento del plazo legal, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, vetó de manera total el Presupuesto Municipal 2026, profundizando el conflicto político e institucional que mantiene con el Concejo Deliberante. La decisión de la jefa comunal dejó un escenario de fuerte tensión, aunque desde el peronismo aseguran que cuentan con los votos necesarios para insistir en la promulgación de la ordenanza.
La documentación ingresó durante la mañana de este miércoles al cuerpo deliberativo, lo que motivó una rápida convocatoria de los ediles para analizar el alcance del veto. La reacción del bloque peronista fue inmediata y adversa: anticiparon que el Presupuesto “está garantizado” pese a la decisión del Ejecutivo.
No obstante, el panorama se volvió más complejo debido a que el Concejo Deliberante se encuentra en receso hasta abril, al igual que ocurre en otros municipios de la provincia. Por este motivo, no se descarta la necesidad de convocar a una sesión extraordinaria para tratar el veto y definir los pasos a seguir.
Desde el oficialismo legislativo señalaron que el veto era previsible y recordaron que el Presupuesto aprobado por el Concejo respetó el monto original enviado por la propia intendenta, con una simple reasignación de partidas. “Está vetando lo que ella misma mandó”, argumentaron desde el Deliberante, rechazando las acusaciones del Ejecutivo, que sostiene que los concejales intentan crear “un municipio paralelo” con recursos impropios.
El veto total profundiza una crisis institucional que ya venía en escalada. Desde el Concejo cuestionaron la falta de diálogo por parte de Rodríguez y señalaron que no hubo intentos de acercamiento en los diez días previos a la decisión. “Nunca existió una convocatoria para acordar, ni siquiera una tregua o un pacto de no agresión”, expresaron en reserva algunos concejales.
El trasfondo del conflicto es claramente político. Hace semanas, la intendenta aseguró públicamente que el oficialismo ya no existía como tal en Chimbas, y desde entonces no hubo instancias formales de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras tanto, el funcionamiento del municipio quedó atado al Presupuesto 2025.
Desde el entorno de Rodríguez defendieron la decisión y señalaron que la continuidad del esquema presupuestario anterior resulta beneficiosa, ya que reduce el peso de los fondos asignados al Concejo Deliberante. Sin embargo, en el Deliberante advierten que, en caso de que el cuerpo insista en la promulgación del Presupuesto 2026, el conflicto podría derivar en una instancia judicial, lo que abriría un nuevo capítulo en la ya delicada situación institucional del departamento.
Los comentarios están cerrados.