Guerra por la energía en San Juan: El EPRE frena el avance de Nación sobre el sistema eléctrico provincial
El organismo regulador local denunció que el ENRE otorgó beneficios "excepcionales" al proyecto minero Vicuña, salteando las leyes provinciales. Advierten que la medida pone en riesgo la estabilidad del servicio y podría encarecer las boletas de los sanjuaninos.
La tensión entre la provincia de San Juan y el Gobierno Nacional escaló a niveles críticos en las últimas horas. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) presentó un reclamo formal ante el ENRE para frenar la aplicación de la Resolución 079/26, una normativa que otorga al proyecto minero Vicuña una prioridad en el transporte de energía que ha encendido todas las alarmas en el sector.
El conflicto no es solo administrativo, sino profundamente político y económico. Según el EPRE, la decisión nacional se tomó «entre gallos y medianoches», permitiendo que la operadora de Vicuña acceda a la capacidad de transporte eléctrica sin haber pasado por los rigurosos filtros técnicos que San Juan exige para mantener su Plan de Infraestructura Eléctrica.
Un frente unido contra el «privilegio»
Lo que hace este conflicto aún más explosivo es el apoyo de otros gigantes del sector. Las compañías mineras detrás de Los Azules, Hualilán y Pachón se han alineado con la postura de la provincia. Entienden que, si Vicuña se queda con la capacidad de transporte preexistente mediante este acuerdo bilateral con Nación, el resto de los proyectos —fundamentales para el futuro de San Juan— quedarán en una situación de desventaja competitiva y falta de suministro.
«Otorgar prioridades de uso sin la intervención de la Provincia y sin estudios técnicos compromete la seguridad de todo el sistema», sentenciaron desde el EPRE en un comunicado lapidario.
Los tres puntos de la discordia
El ente sanjuanino fundamenta su oposición en tres ejes que resultan innegociables:
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Soberanía Provincial: Acusan al ENRE de «saltear» a San Juan en un acuerdo privado con una empresa, ignorando las leyes locales que obligan a suscribir convenios de resarcimiento por las obras de ampliación que la provincia ya construyó.
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Riesgo de Colapso: La falta de una planificación técnica rigurosa podría generar inestabilidad en la red eléctrica actual, afectando no solo a la industria sino al servicio domiciliario.
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El bolsillo del usuario: El EPRE fue tajante al cerrar su postura: «Ninguna alternativa operativa para proyectos privados debe implicar incrementos en las facturas de los usuarios de San Juan». Se teme que, de no mediar una compensación de la empresa, los costos de operación terminen siendo trasladados a la tarifa residencial.
El pedido de Audiencia Pública
Para destrabar —o exponer— el conflicto, San Juan exige una Audiencia Pública obligatoria. El objetivo es que la Nación explique bajo qué criterios técnicos y legales decidió otorgar estas facultades a Vicuña.
Mientras tanto, el desarrollo armónico del sistema eléctrico sanjuanino quedó en suspenso, a la espera de una respuesta de un organismo nacional que, según la provincia, parece haber olvidado que los cables pasan por territorio sanjuanino.
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