El Oficialismo aprobó el histórico convenio con la minera Vicuña para anticipar fondos de infraestructura

En el marco de una segunda sesión especial atravesada por un intenso debate legislativo, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó este miércoles el convenio entre el Gobierno provincial y la minera Vicuña. El oficialismo logró consolidar una holgada mayoría de 27 votos positivos frente a 9 negativos, logrando avanzar con un proyecto clave para el desarrollo económico y la infraestructura regional.

La discusión estuvo centrada en el alcance del acuerdo, los regímenes de control ambiental, la administración del agua y las obligaciones futuras del Estado sanjuanino. Pese a las duras críticas iniciales por parte de sectores opositores, la propuesta sumó el acompañamiento de varios legisladores del interbloque justicialista, entre ellos Miguel Vega, Omar Ortiz, Cristina López de Abarca, Eduardo Cabello, Gabriel Sánchez, Franco Aranda, Jorge Castañeda, Leopoldo Soler y Pedro Albagli.

Regalías, aportes fijos y un fideicomiso blindado

El núcleo de la iniciativa radica en la ratificación del Acta Compromiso entre la Provincia y la compañía minera. El esquema fija las regalías en un 3 %, en plena sintonía con la legislación vigente, e introduce un régimen de aportes definidos y previsibles.

Según detalló durante su exposición el diputado Andrés Castro (Producción y Trabajo), los fondos estarán disponibles a partir del 20 de diciembre de 2026. Castro remarcó que dicho aporte tendrá carácter fijo y no podrá ser compensado con futuras regalías, como así tampoco constituirá un adelanto computable o reembolsable. Los recursos se destinarán de forma directa e indirecta a obras públicas prioritarias dentro de la zona de influencia del yacimiento.

Para garantizar la transparencia, el capital será administrado por un fideicomiso a cargo del Banco San Juan, bajo estricta tutela estatal. El sistema contempla auditorías externas anuales y la intervención directa del Tribunal de Cuentas provincial.

Debates, previsibilidad y controles ambientales

El bloque oficialista defendió la medida como un paso fundamental para brindar previsibilidad jurídica y política a las inversiones de largo plazo, permitiendo la llegada anticipada de recursos para infraestructura antes de la etapa de explotación plena.

Ante los cuestionamientos opositores sobre una hipotética cesión de facultades estatales, la diputada Alejandra Leonardo (UCR) enfatizó que la provincia «no está renunciando a nada». La legisladora aclaró que el acuerdo no exime a la empresa de los requerimientos de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y reafirmó que el poder de policía del Estado sanjuanino se mantendrá plenamente vigente.

Con este resultado, la Legislatura suma una nueva definición estratégica en su agenda económica, consolidando un esquema que busca transformar la riqueza minera en obras concretas para la comunidad.