Le dieron solo un mes de pena al médico que cobró por operar en un hospital público
Se trata de Furlotti Barassi, quien fue declarado culpable por las autoridades, pero solo por uno de los dos delitos que se le endilgaban.
La Justicia condenó al médico Leonardo Santiago Furlotti Barassi por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una causa que investigó el cobro de dinero a un paciente que debía ser operado en un hospital público de Caucete. Sin embargo, el tribunal no lo encontró culpable por el delito de estafa, una decisión que ahora será impugnada por la Fiscalía.
El fallo se conoció este jueves tras la finalización del juicio oral, donde el Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Finalmente, el tribunal resolvió imponerle un mes de prisión de ejecución condicional y dos meses de prohibición para ejercer la profesión.
El fiscal Nicolás Schiattino, quien llevó adelante la acusación junto a la ayudante fiscal Roxana Fernández, confirmó que esperarán la lectura de los fundamentos para avanzar con la impugnación de la sentencia.
“Vamos a esperar los fundamentos para ver el motivo por el cual quitaron el delito de estafa”, explicó el funcionario judicial tras conocerse el veredicto. Además, sostuvo que durante el debate se acreditó la existencia de una transferencia de dinero realizada por la víctima al médico y remarcó que la defensa nunca logró justificar el motivo de ese pago.
La causa se originó tras la muerte de Axel Fabián Marinero, un hombre de 34 años que había sufrido la rotura del tendón de Aquiles el 30 de octubre. Luego del accidente fue asistido por Furlotti Barassi y posteriormente intervenido quirúrgicamente el 6 de noviembre.
Tras recibir el alta médica, Marinero debía continuar un tratamiento con anticoagulantes, aunque cuatro días después falleció a raíz de un ataque cardíaco.
En un primer momento, la familia denunció al profesional por una posible mala praxis. Sin embargo, la investigación descartó responsabilidad médica en el fallecimiento, ya que los peritajes concluyeron que el paciente no habría seguido correctamente el tratamiento indicado.
A partir de allí, la pesquisa tomó otro rumbo luego de que los familiares revelaran que el médico les habría solicitado dinero para la compra de insumos destinados a la operación realizada en el hospital César Aguilar de Caucete.
Según la acusación fiscal, ese pedido era improcedente debido a que la intervención se realizó en un hospital público, donde los materiales e insumos deben ser cubiertos por el Estado.
Durante la investigación se incorporaron chats, comprobantes bancarios y registros financieros que acreditarían una transferencia de 250 mil pesos desde la cuenta de la víctima hacia una cuenta vinculada al médico.
Para la Fiscalía, tanto el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como el de estafa estaban directamente relacionados, debido a que el dinero habría sido solicitado bajo el argumento de comprar hilos de sutura y otros materiales que no debían ser abonados por el paciente.
“No estamos asombrados por la pena, pero sí queremos saber por qué retiraron el delito de estafa”, señaló Schiattino, quien insistió en que ningún funcionario público puede recibir dinero de pacientes para realizar procedimientos dentro del sistema estatal de salud.
diario13
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