San Juan aplicará nuevo protocolo ante piquetes para garantizar el libre tránsito sin criminalizar la protesta
El Gobierno de San Juan oficializó este jueves la implementación de un nuevo protocolo de actuación ante cortes de calles y piquetes. La medida, impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, busca garantizar el libre tránsito y el orden público, sin criminalizar el derecho a la protesta social.
El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, quien explicó que el protocolo será aplicado por la Policía de San Juan y se desarrollará en tres etapas: mediación, coordinación operativa e intervención.
“El protocolo es un mecanismo de actuación para garantizar el libre tránsito de todos los sanjuaninos. Escuchar a quienes reclaman es esencial, pero también lo es proteger los derechos de quienes necesitan circular”, señaló Delgado en declaraciones a Canal 13.
Tres fases para actuar ante protestas
El nuevo procedimiento consta de tres etapas progresivas:
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Mediación y diálogo: se establece un contacto inmediato con los manifestantes para conocer los motivos de la protesta y evitar el corte.
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Coordinación operativa: si la manifestación continúa, se intenta encauzarla dentro de parámetros acordados, priorizando el diálogo.
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Intervención policial: si se bloquean calles o se incumplen los acuerdos, la policía podrá intervenir para restablecer la circulación.
Delgado remarcó que “la primera fase es lo que siempre hemos hecho: escuchar, disuadir, negociar. Pero si no hay acuerdo y se corta el tránsito, la policía intervendrá”.
Sin criminalización, pero con marco legal
El funcionario dejó en claro que la aplicación del protocolo no implica una criminalización de la protesta. Sin embargo, advirtió que el artículo 194 del Código Penal sanciona la obstrucción de la libre circulación, por lo que ante una infracción flagrante, las fuerzas de seguridad tienen la obligación de intervenir y dar aviso al Ministerio Público Fiscal.
“Así como un policía no puede ignorar un arrebato en la vía pública, tampoco puede desentenderse de un corte ilegal”, explicó el secretario, abogado de formación.
Pedido social de orden
La medida fue impulsada tras una reciente protesta vinculada al transporte público que bloqueó arterias clave del microcentro capitalino, generando malestar entre vecinos, comerciantes y trabajadores.
“El reclamo y la protesta son derechos garantizados, pero no pueden perjudicar a terceros. La gente quiere orden y poder llegar a sus destinos sin obstáculos”, concluyó Delgado.
Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que el protocolo fue diseñado exclusivamente por autoridades locales, sin intervención de fuerzas federales, y responde a una “demanda ciudadana de mayor previsibilidad y respeto por las normas”.
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