La Ley de Inversiones Mineras, modificada por el gobierno Nacional

El Gobierno nacional avanza con una serie de reformas en el sector minero y, a través del Decreto 449/2025, oficializó la reasignación del Banco Nacional de Información Geológica al Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), organismo descentralizado que depende del Ministerio de Economía.

La decisión, según explicaron desde Nación, busca “evitar superposición de tareas con la Secretaría de Minería y optimizar la gestión del registro público de datos geológicos del país”, al tiempo que responde a los objetivos generales de reorganización administrativa y reducción del déficit fiscal.

El decreto modifica aspectos clave de las leyes 24.196 (Régimen de Inversiones para la Actividad Minera) y 24.466 (Banco Nacional de Información Geológica), apuntando a simplificar trámites, mejorar la eficiencia en los controles y reducir la burocracia estatal.

Cambios en certificados y controles técnicos

Uno de los puntos destacados de la nueva normativa es que los certificados de estabilidad fiscal que emita la Secretaría de Minería ya no deberán detallar impuestos y tasas vigentes, sino únicamente consignar la fecha de presentación del estudio de factibilidad del proyecto minero correspondiente.

Además, el nuevo marco establece que los titulares de proyectos deberán presentar una declaración jurada anual, acompañada de un informe técnico elaborado por un profesional independiente, con el objetivo de mejorar la calidad de la información técnica y reforzar el control sobre el cumplimiento de compromisos asumidos.

Alcance inmediato y revisión legislativa

El decreto ya entró en vigencia y será aplicable también a los trámites en curso. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 26.122, que regula los decretos delegados, la medida será girada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis y tratamiento legislativo.

Con esta serie de modificaciones, el Gobierno busca impulsar la inversión minera, generar mayor transparencia en el acceso a la información geológica y, a la vez, reducir los costos del Estado asociados a la superposición de estructuras y funciones.

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