Esta semana y en el marco de la II Conferencia Argentina Cobre 2025, se reavivó el debate por la Ley de Proveedores Locales impulsada por el gobierno de Marcelo Orrego, mientras tanto se conoció un importante avance que involucra directamente a los prestadores de servicios del departamento Iglesia.
A su vez el ministro de Minería de San Juan, Pablo Perea defendió la necesidad de una ley “para ordenar, brindar claridad y previsibilidad entre operadoras y proveedores”, y José Morea, director de Vicuña Corp., alertó sobre posibles impactos negativos en la reputación internacional de San Juan, en el caso de una ley de proveedores locales, a la vez que sostuvo que la mayor cantidad de proveedores van a ser sanjuaninos, la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia (CAPRESMI) y la empresa Barrick-Veladero dieron un paso concreto para fortalecer la participación local.
Según confirmaron desde CAPRESMI —actualmente bajo conducción de un Triunvirato Normalizador—, se logró un acuerdo con Veladero que habilita la conformación de sociedades mixtas entre empresas locales y firmas externas. Este modelo de asociativismo empresarial busca garantizar que los proveedores iglesianos tengan acceso real y sostenido a contratos en los que antes no podían participar.
El acuerdo establece que, para ser considerados en licitaciones de servicios que requieren equipos y personal, los oferentes deberán cumplir con requisitos claros, entre ellos:
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Presentar un contrato de vinculación comercial (UTE, consorcio, colaboración) con empresas de comunidades.
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Autenticar dicho contrato ante el Juzgado de Paz del Departamento Iglesia.
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Validar el acuerdo con MAS (minera andina del sol), con notificación previa a CAPRESMI.
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Detallar en el contrato los roles de cada parte, estructuras de costos, equipos asignados, esquema de trabajo, condiciones de pago, mantenimiento, y una matriz de medición de desempeño.
Desde la Cámara expresaron que esta medida representa un avance concreto hacia una minería más inclusiva:
“Este acuerdo permite al proveedor iglesiano ingresar en condiciones reales y equitativas al circuito de contratación, generando empleo y desarrollo en el territorio”, señalaron.
La iniciativa marca un paso significativo hacia la integración efectiva de las comunidades locales en la cadena de valor minera, y podría convertirse en un modelo replicable en otros departamentos con actividad extractiva.
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