San Juan: ingresa a la Legislatura la esperada ley de proveedores mineros sin cupos obligatorios pero con fuerte foco en el empleo local

El sector minero y empresarial de San Juan vive horas clave. En los próximos días, el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero —históricamente conocido como «Ley de Proveedores Locales»— ingresará formalmente a la Cámara de Diputados provincial. La iniciativa llega al recinto tras más de un año de intensas negociaciones entre el Gobierno, las empresas del sector y las cámaras empresariales, logrando un consenso general que ahora deberá pasar el filtro de las comisiones parlamentarias.

A diferencia de otros modelos regulatorios de la región, el proyecto sanjuanino esquiva la rigidez de los extremos. «No es una ley que genera un alambrado en la provincia», explicaron fuentes vinculadas al análisis del texto, aclarando que el objetivo es fijar condiciones claras de juego en lugar de cerrar el mercado.

A continuación, los tres pilares conceptuales para entender el impacto del proyecto:

1. Sin cupos forzosos para contrataciones

Uno de los puntos que mayor debate generaba quedó resuelto: la ley no obligará a las compañías mineras a cumplir con un porcentaje fijo de contratación de empresas sanjuaninas. En lugar de imponer un cepo, la normativa busca generar herramientas de incentivo y competitividad para que las firmas locales sean la opción más atractiva para las operadoras.

2. Un «filtro» contra las empresas golondrina

Para evitar el desembarco de firmas «de ocasión» —aquellas que se crean de forma improvisada solo para subirse al boom de la actividad sin derramar valor real en la provincia—, el proyecto contempla la creación de un Registro de Proveedores Locales Habilitados.

Este padrón será administrado por un comité especial y, para ingresar, las empresas deberán acreditar de forma estricta:

• Actividad y permanencia comprobable en San Juan.

• Vínculos reales y previos con la actividad productiva local.

3. Empleo: la regla del 80/20

Donde la ley sí establece un límite numérico contundente es en la plantilla de trabajadores. Las empresas extranjeras que operen en la provincia deberán garantizar que como mínimo el 80% de su personal sea mano de obra local.

Además, se establecerá un orden de prioridad de contratación por círculos de cercanía:

1. Habitantes de las comunidades directamente afectadas por los proyectos.

2. Desempleados del resto de los departamentos de San Juan.

3. Trabajadores de otras provincias del país.

El escenario que se viene Aunque el proyecto cuenta con el visto bueno macro de los diferentes sectores, el debate en las comisiones de Diputados promete ser milimétrico. Cámaras empresariales e industriales buscarán pulir la «letra chica» de los artículos, especialmente en los mecanismos de funcionamiento del registro y en cómo las mineras interactuarán con esa base de datos a la hora de contratar servicios. La discusión política definitiva acaba de empezar.