El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, sentó la postura del municipio en la audiencia pública por la infraestructura eléctrica del proyecto minero Josemaría. Si bien ratificó el perfil pro-minero de su gestión, reclamó que la histórica inversión privada sirva también para subsanar las deficiencias energéticas que sufren los vecinos del departamento.
1. Apoyo a la inversión y seguridad jurídica
Espejo fue categórico al alinearse con el desarrollo minero provincial, destacando el impacto positivo en el empleo y el progreso económico.
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Adhesión al RIGI: El jefe comunal recordó que Iglesia fue el primer municipio en adherir a la Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluso antes que la provincia, como muestra del compromiso departamental con la seguridad jurídica de los inversores.
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Bienvenida al progreso: Calificó la obra —financiada por la empresa— como fundamental para el desarrollo de San Juan y del país.
2. El reclamo local: «No podemos quedar fuera de estas mejoras»
El núcleo político de la intervención radicó en la paradoja que vive Iglesia: ser un nodo de redes y generación eléctrica, pero sufrir constantes fallas en el servicio residencial.
«En nuestro departamento, más allá de ser productores y de tener todas estas redes, a veces tenemos fallos en el servicio eléctrico (…) por falta de interconexión y de mejoramiento de nuestras propias redes internas», señaló Espejo.
El intendente remarcó que las contingencias climáticas (como el viento Zonda y las tormentas) suelen dejar a las comunidades iglesianas sin luz, por lo que exigió que el proyecto Josemaría contemple el fortalecimiento del circuito local.
3. Respaldo a la postura del EPRE y defensa del Federalismo
Finalmente, el mandatario municipal ratificó la presentación formal de Iglesia para ser tenido como parte en el proceso y adhirió explícitamente a la moción presentada por el representante del EPRE San Juan, el ingeniero Roberto Ferrero.
Espejo solicitó que, en el plazo establecido previo a la emisión de la certificación final, se cristalicen los acuerdos correspondientes entre la autoridad de aplicación y la empresa inversora. Las prioridades planteadas fueron:
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Garantizar la disponibilidad de transporte en las redes para futuros proyectos productivos.
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Priorizar y respetar los derechos de los usuarios de Iglesia como beneficiarios primarios del sistema.
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Asegurar un criterio federal en la distribución de los beneficios de la infraestructura energética en el territorio provincial.
«Queremos que se respeten todos los derechos de los usuarios y se garantice el federalismo en nuestro departamento» cerro Espejo.
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