¿Qué pasó entre la denuncia del 1 de julio y el femicidio de Gemma?

En una entrevista telefónica, la coordinadora del organismo, Claudia Ruiz, aseguró que se activaron todas las herramientas previstas por el protocolo y dejó una frase que resume uno de los mayores desafíos en materia de violencia de género: «Nunca sabemos cuándo vamos a estar frente a un femicida». Gemma, de 34 años, se presentó en CAVIG el 1 de julio a las 18 horas. Según relató Ruiz, denunció a su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía 13 años y tenía una hija de 11.

«La denuncia fue por amenazas. En las preguntas de rigor para contextualizar los riesgos, ella manifestó que nunca había sufrido agresiones físicas, pero sí violencia económica y psicológica», explicó la funcionaria.

De acuerdo con el relato de la víctima, su pareja no le permitía trabajar y durante años dependió económicamente de él. Recién hacía tres meses había retomado su actividad laboral en una empresa.

«Manifestó actitudes de celos, que le controlaba el teléfono y que la perseguía. También contó que la había amenazado con ir a buscar a su jefe y que decía: ‘Lo voy a reventar a piñas'», detalló Ruiz.

La coordinadora indicó que, cansada de la situación, Gemma había decidido abandonar el hogar que compartían en el barrio Valle Grande, en Rawson. Incluso, recordó que aquel 1 de julio habló con su madre para contarle que quería separarse.

«Él le dijo a su familia que la iba a matar para que no estuviera con nadie más, porque creía que ella se iba con otra persona», sostuvo.

Tras la denuncia, desde el CAVIG se le ofreció alojamiento en el Hogar Aurora como medida de resguardo. Sin embargo, la mujer manifestó que permanecería junto a su madre. También indicó que su pareja no poseía armas de fuego y que no creía que fuera a concretar las amenazas.

«Cuando se le preguntó si tenía miedo de que cumpliera las amenazas, respondió que no. Su mayor preocupación era el trabajo», señaló Ruiz.

La intervención institucional avanzó de inmediato. Ese mismo 1 de julio, a las 22.30, el fiscal Arancibia solicitó medidas de protección ante la jueza de Garantías, Mabel Moya, quien las autorizó al día siguiente.

Las disposiciones incluyeron la prohibición de acercamiento y el cese de actos perturbatorios por un plazo de 90 días. El 3 de julio, efectivos de la Brigada notificaron personalmente al denunciado.

Además, la víctima fue evaluada por el equipo interdisciplinario del organismo.

«La psicóloga advirtió un vínculo disfuncional con una marcada dependencia económica y afectiva», precisó la coordinadora.

Ruiz explicó que, al momento de la denuncia, el hombre no registraba antecedentes penales ni condenas previas, un elemento que resulta determinante para definir medidas judiciales más gravosas.

«Se chequeó y tenía una planilla limpia. La escala penal del delito denunciado era excarcelable y no existían elementos para solicitar una detención», afirmó.

Sin embargo, el caso tuvo un nuevo episodio días antes del crimen. El 28 de julio, Gemma regresó al CAVIG y aportó capturas de pantalla que evidenciaban nuevos contactos de su expareja, quien utilizaba como excusa el cuidado de la hija para continuar hostigándola.

Ante esa situación, el 29 de julio se emitió una citación para que el denunciado se presentara junto a un abogado el próximo 5 de agosto. Esa notificación aún se encontraba en trámite cuando ocurrió el femicidio.

«Usamos todas las herramientas que teníamos. No se subestimó nada», enfatizó Ruiz a sanjuan8.com.

La funcionaria reconoció que, pese al trabajo diario, existen límites que exceden a las instituciones. «Tenemos alrededor de 40 casos por día. Muchas veces el fuero penal llega tarde y hay violencias silenciosas, como el control, los celos o la dependencia económica, que pueden ser las más peligrosas», reflexionó.

Finalmente, sostuvo que el desafío debe ser abordado desde una perspectiva más amplia: «La violencia de género no se va a eliminar con un delito nuevo, sino con cambios sociales y fortaleciendo las instituciones».

Gemma había denunciado, tenía medidas de protección vigentes y había decidido comenzar una nueva vida. Sin embargo, el pasado jueves, el hombre que durante años controló sus movimientos pasó, según la investigación, «del pensamiento al hecho».

Su asesinato se convirtió en el primer femicidio de 2026 en San Juan y volvió a dejar una pregunta abierta: ¿cómo identificar a tiempo a quien aún no tiene antecedentes, pero sí la decisión de matar?