Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan
Son 50.000 los empleados públicos de la provincia. No está definido cómo ni cuándo pero oficialmente se está trabajando en un programa atractivo para que aquellos que quieran retirarse de la administración estatal, lo puedan hacer con beneficios.
Tal como se viene haciendo a nivel nacional, en San Juan se está trabajando en el armado de un plan de retiros voluntarios dirigido a empleados públicos provinciales. Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que la intención es disminuir la nutrida planta de trabajadores estatales, que pasó de 36.000 en el 2019 a 50.000 en el 2023. Cómo y cuándo, no está definido; pero los retiros voluntarios son una decisión tomada.
Mencionaron como causa del encarecimiento del pago de la grilla salarial el aumento del ítem antigüedad a los estatales, que antes era el 3% y pasó al 5% en el 2023.
Es por ello que un plan de retiros voluntarios podría presentarse como una oportunidad para achicar la planta de estatales y también para asignar trabajadores en áreas claves como salud.
Qué se va a ofrecer a los trabajadores, no está decidido. Tampoco cuándo se lanzará el plan pero lo cierto es que será este año, si se cumplen las previsiones del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda.
A nivel nacional se han lanzado distintos planes de retiros voluntarios, que buscaron reducir la planta de trabajadores estatales. Esta semana el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que se viene un programa específico para seis organismos: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), la Aduana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La Dirección Nacional de Vialidad.
En el caso del INTA, la medida alcanza al personal permanente que cuente con un mínimo de tres años de antigüedad como agente de planta permanente y menos de 65 años al 31 de marzo de 2026, según establece la resolución. Asimismo, el texto señala que la indemnización se calculará a razón de 1,5 haberes brutos por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses.
Con esta disposición, la administración libertaria estima que al menos 1.000 empleados podrían desvincularse en un corto plazo en cada uno de los organismos donde se busca reducir la planta de personal.
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