Diputados aprobó el fideicomiso para financiar obras con aportes de Vicuña
La ley obtuvo 22 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones, con 5 ausencias. El debate expuso diferencias sobre los controles, la participación territorial y el destino de los fondos.
En el marco de la Cuarta Sesión Especial, la Cámara de Diputados de San Juan sancionó la ley correspondiente al expediente 2841-2026, que aprueba el Contrato de Fideicomiso Público “Fideicomiso Aporte DIA Vicuña”. La sesión fue presidida por el vicepresidente primero de la Cámara, diputado Enzo Cornejo, acompañado por los secretarios Legislativo, Gustavo Velert, y Administrativo, Jorge Fernández.
La iniciativa obtuvo 22 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones. Se registraron 5 ausencias.
El contrato fue celebrado el 7 de octubre de 2026 entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y el Ministerio de Minería, en carácter de fiduciantes, y el Banco de San Juan S.A., como fiduciario. El texto y su Anexo I forman parte de la ley.
El fideicomiso tiene por objeto destinar los aportes realizados por Vicuña Argentina S.A. al financiamiento de obras de infraestructura elegibles, contempladas en el Acta Compromiso suscripta entre la empresa y el Gobierno provincial el 5 de agosto de 2026. El acta fue ratificada por el Decreto N.º 1472-MM-2026, del 2 de noviembre de 2026. La ley también menciona el Decreto N.º 1066-MM-2026, del 7 de agosto de 2026.
El artículo segundo establece que la administración, disposición y aplicación de los bienes fideicomitidos deberán ajustarse exclusivamente a las finalidades previstas en el contrato y su Anexo I. También dispone que se garantice la trazabilidad de los recursos, la rendición de cuentas y los controles exigidos por la normativa vigente.
Además, la ley faculta al Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, a tomar las medidas necesarias para implementarla y asegurar su cumplimiento, sin modificar el objeto ni las condiciones esenciales del contrato.
Las posturas durante el debate
Durante el tratamiento del proyecto, distintos legisladores expusieron sus argumentos sobre el alcance institucional, financiero y territorial del fideicomiso.
El diputado Andrés Castro, miembro informante, sostuvo que la norma completa los compromisos asumidos con la sanción de la Ley 2836-M y brinda respaldo institucional, seguridad jurídica y previsibilidad. Señaló que los fondos tendrán una afectación exclusiva a obras de infraestructura elegibles, seleccionadas por un Comité Ejecutivo mediante licitación pública, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas N.º 128-A. También destacó la existencia de registros contables, auditorías periódicas y controles del Tribunal de Cuentas.
La diputada Marisa López explicó la abstención de su bloque. Sostuvo que el contrato carece de transparencia, control institucional previo y participación territorial, en comparación con fideicomisos mineros anteriores. Cuestionó que no se establezcan obligaciones de publicación ni de presentación de informes anuales ante la Legislatura, y que no se fijen límites para gastos administrativos o de consultoría. También señaló que las obras responderían a las necesidades del proyecto minero sin intervención de municipios, cámaras empresariales ni diputados departamentales. Además, consultó por la mención al Banco de San Juan en el artículo primero ante su próxima fusión bancaria.
El diputado Mario Herrero anticipó el voto negativo de su bloque. Argumentó que el contrato introduce cambios respecto del modelo aprobado mediante la Ley 2836-M y se aparta de la Ley 1572, que creó Fiduciaria San Juan. Cuestionó las referencias a futuros aportes y a esquemas de financiamiento anticipado mediante un posible endeudamiento. También advirtió sobre las limitaciones a la responsabilidad del fiduciario, la relación con el Código Civil y la jurisdicción arbitral prevista en el acta compromiso. Por último, objetó que las decisiones sobre proyectos mineros estratégicos se definan fuera de la órbita provincial.
El diputado Jorge Castañeda justificó su abstención al advertir sobre el desplazamiento de municipios, intendentes y representantes departamentales de la definición de prioridades. Como representante de Calingasta, departamento minero, señaló el riesgo de que las obras se definan según los requerimientos de la empresa, en lugar de atender las necesidades integrales de desarrollo de las comunidades.
A favor de la iniciativa, el diputado Leopoldo Soler respaldó la facultad del Poder Ejecutivo para gestionar y definir obras estratégicas de infraestructura con beneficios para toda la provincia. Mencionó, entre otras, la Ruta Nacional 40 y obras viales locales, como el puente sobre el río Seco, en Ullum. Sostuvo que la aprobación permitirá canalizar recursos mineros hacia mejoras en conectividad y desarrollo.
Por último, el diputado Juan de la Cruz Córdoba acompañó la sanción. Defendió la necesidad de la aprobación legislativa, conforme al artículo 150, inciso 2, de la Constitución Provincial, y mencionó antecedentes de fideicomisos mineros ratificados por la Cámara. Según explicó, el artículo 37 establece la jurisdicción de los tribunales ordinarios de San Juan; el artículo 11 resguarda la responsabilidad del fiduciario; y los artículos 19, 30 y 31 prevén rendiciones mensuales, auditorías externas anuales obligatorias y la aplicación de las normas de obra pública. También afirmó que el diálogo con vecinos y autoridades municipales permite canalizar demandas territoriales, como la reparación de la Ruta 40.
Los comentarios están cerrados.