El Gobierno provincial ya cuenta con el aval legislativo para financiar obras por U$S 600 millones
Con la presencia de Marcelo Orrego en el recinto, el oficialismo impuso su mayoría frente al rechazo de la oposición. La ley permite emitir bonos y tomar empréstitos locales e internacionales.
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves, en su cuarta sesión ordinaria, una ley clave para la gestión económica de la provincia. La normativa autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público, ya sea mediante la emisión de títulos de deuda o la contratación de empréstitos en los mercados nacionales e internacionales, por un techo de U$S 600 millones (o su equivalente en otras monedas).
El proyecto, enviado por el Ejecutivo provincial a través del Mensaje Nº 20, expuso la fuerte polarización política en la Legislatura. Tras un extenso debate, la votación terminó con 23 votos a favor y 12 en contra. El miembro informante del oficialismo, Enzo Cornejo, defendió la iniciativa argumentando que busca dotar al gobierno de herramientas financieras para sostener obras de gran escala y acceder a las mejores condiciones de financiamiento que ofrezca el mercado.
La sesión contó con un fuerte marco político: estuvo presidida por el vicegobernador Fabián Martín y supervisada desde los palcos por el propio gobernador Marcelo Orrego, quien asistió acompañado por varios intendentes municipales.
Destino de los fondos y condiciones de la deuda
El texto de la ley es taxativo respecto al uso del dinero. El Artículo 2° establece que los fondos obtenidos se afectarán exclusivamente a la financiación de planes de inversión pública, infraestructura y gastos de capital en cuatro áreas sensibles para la administración:
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Educación
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Salud
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Seguridad pública
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Infraestructura social
Respecto a las condiciones de los créditos (Artículo 3°), se fijó que el plazo mínimo de amortización será de dos años, con tasas de interés (fijas, variables o mixtas) que deberán alinearse con los límites impuestos por el Ministerio de Economía de la Nación. Como garantía de pago para los inversores, la provincia quedó autorizada a afectar los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Superpoderes financieros para Economía
La ley designa al Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda provincial como la Autoridad de Aplicación. Esto le otorga la facultad de negociar las tasas, determinar las fechas de emisión, contratar bancos colocadores, asesores legales y calificadoras de riesgo, e incluso prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros en caso de ser necesario para el mercado internacional. Además, para agilizar los procesos, todas las operaciones derivadas de esta ley quedaron eximidas de pagar tributos provinciales.
Voces en el recinto
El respaldo al proyecto fue defendido en el recinto por los legisladores Leopoldo Soler, Luis Rueda, María Lascano, Eduardo Cabello, Alejandra Leonardo, Juan de la Cruz Córdoba, Franco Aranda y Gustavo Núñez.
Por el contrario, el bloque opositor plantó bandera en contra de la iniciativa. Los diputados Mario Herrero, Stella Caparrós, Fernanda Paredes, Emilio Escudero, Marisa López, Marta Gramajo, Juan Carlos Quiroga Moyano y Graciela Seva fueron los encargados de fundamentar el rechazo, advirtiendo sobre los riesgos de comprometer la coparticipación y el nivel de endeudamiento en moneda extranjera.
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